EL PAÍS: El Consejo de Ministros ha presentado esta semana un proyecto de ley que busca facilitar el acceso universal inmediato y gratuito a la sanidad pública a todos los ciudadanos, lo que incluye a todos los inmigrantes residentes en España, independientemente de su situación administrativa. Pretende evitar así las disfunciones advertidas en algunas comunidades. Hasta ahora la norma daba pie a una interpretación que permitía a algunos hospitales negarles la atención sanitaria. El Gobierno del PP recortó ese derecho en 2012, y el PSOE revirtió esa política en 2018, pero dejó en el texto una ambigüedad que facilitó rechazar a los inmigrantes si no podían acreditar que llevasen más de tres meses en España. También se garantiza en el nuevo proyecto la gratuidad de la asistencia sanitaria a los españoles que residan en el extranjero en sus visitas al país. El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud propone otros avances concretos para evitar que los distintos servicios sanitarios de las comunidades autónomas establezcan barreras que dificulten el acceso a ciertos servicios a personas vulnerables. El objetivo es asegurar una cartera de prestaciones común para todos los ciudadanos. El proyecto elimina el copago en prótesis para pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad y personas en riesgo de pobreza o perceptoras del ingreso mínimo vital, colectivos para los que el Gobierno ya había eliminado el copago en medicamentos.

El proyecto de ley fija como criterio general la primacía de la red sanitaria pública y limita las posibilidades de privatización en la provisión de los servicios. Para ello dispone una serie de requisitos para externalizar la asistencia y la necesidad de motivar la decisión de contratarla a proveedores privados. El objetivo es acotar esta posibilidad a los casos en que verdaderamente suponga un beneficio para el sistema, y evitar así políticas de “sustitución” sistemática del servicio público por atención privada con criterios clientelares o de parasitación de los recursos públicos.

La reacción de algunos de los agentes implicados parece, cuando menos, exagerada. La patronal del sector, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), acusa al Gobierno de convertir a España “en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su Sistema Nacional de Salud”. No parece muy ajustado a la realidad cuando, en teoría, se trata de establecer unos criterios con rango de ley que impidan los excesos ya detectados en diversas comunidades en la privatización de servicios. El Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que están representadas las comunidades, tendrá que establecer ahora las pautas y los indicadores para determinar si una autonomía cumple o no con los criterios marcados en la ley y hasta dónde es aconsejable que un servicio público lo preste una empresa privada. Si este filtro funciona de verdad, debe convertirse en la garantía de que se respeta el ámbito competencial de las comunidades autónomas y donde se discutan los conflictos y sus soluciones. El objetivo político de poner coto a una privatización rutinaria e innecesaria de la atención sanitaria deberá encontrar ahora una formalización concreta en el recorrido parlamentario que le espera. De momento, el proyecto presentado por el Ministerio de Sanidad no tiene garantizado el apoyo del socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, que exige más contundencia en la derogación de los conciertos con entidades privadas.